EL BLOG DE EUGENIO
18.8.06
 
Pena de muerte

Al menos 2.148 personas fueron ejecutadas en 2005 y al menos otras 5.186 fueron condenadas a muerte. Estas cifras sólo reflejaban los casos de los que Amnistía Internacional tuvo conocimiento; las verdaderas eran sin duda más elevadas.

Muchos de los condenados a muerte no tuvieron un juicio justo: «confesaron» bajo tortura, no contaron con asistencia letrada adecuada o no tuvieron una vista imparcial. El tráfico de drogas, la malversación de fondos y el fraude eran algunos de los delitos castigados con la pena capital. Algunas personas habían estado más de 20 años condenadas a muerte antes de ser ejecutadas, mientras que otras fueron ejecutadas casi inmediatamente. Se utilizaban diversos medios de ejecución, como la horca, el pelotón de fusilamiento, la inyección letal o la decapitación. Entre los ejecutados había menores y personas con discapacidad mental.

Al igual que en años anteriores, la gran mayoría de las ejecuciones tuvo lugar en tan sólo un número reducido de países: en 2005, el 94 por ciento se llevó a cabo en Arabia Saudí, China, Irán y Estados Unidos.

En 2005, México y Liberia abolieron la pena de muerte para todos los delitos, con lo que el número de países abolicionistas para todos los delitos ascendió a 86. En 1977, año en que Estados Unidos reanudó la aplicación de la pena de muerte y Amnistía Internacional convocó una pionera conferencia internacional sobre la pena de muerte en Estocolmo, sólo 16 países eran abolicionistas. Al final de 2005 lo eran, en su legislación o en la práctica, 122.

La campaña contra la pena de muerte cobró fuerza durante 2005. El 10 de octubre se celebró por tercer año el Día Mundial contra la Pena de Muerte en más de 50 países y territorios, como Alemania, Benín, China (Hong Kong), Francia, India, Japón, Malí, Puerto Rico, República del Congo, República Democrática del Congo, Sierra Leona y Togo. Se convocaron manifestaciones, se presentaron peticiones y se organizaron conciertos y debates televisados en todo el mundo para hacer campaña contra la pena de muerte. La membresía de Amnistía Internacional en 40 países participó en estos eventos.

También se produjeron avances en el seno de la ONU. En la Resolución 2005/59 de la ONU sobre la cuestión de la pena capital, aprobada en abril de 2005, se llegó como nunca antes a condenar la pena de muerte en tanto que violación de los derechos humanos. Se reafirmó en ella el derecho a la vida y se hizo la significativa declaración de que la abolición era «esencial para la protección de ese derecho». La Resolución 2005/59 fue copatrocinada por 81 Estados miembros, el mayor número hasta entonces. En 2005, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias hizo enérgicas declaraciones en contra de la aplicación obligatoria de la pena de muerte. Afirmó que la aplicación preceptiva eliminaba la libertad del tribunal para ejercer clemencia o tener en cuenta circunstancias modificativas o atenuantes y que era totalmente inapropiada cuando estaba en juego la vida de una persona.

Uno de los argumentos más sólidos contra la pena capital es el riesgo inherente de ejecutar a un inocente. En 2005, tanto China como Estados Unidos excarcelaron a personas que habían sido condenadas a muerte por error, y China también reconoció que se había ejecutado a personas inocentes. Los juicios injustos desembocaron en ejecuciones en muchos países: en 2005 se ejecutó en Irán, Arabia Saudí y Uzbekistán a personas a las que, según informes, no se había garantizado el debido proceso judicial ni se les habían dado oportunidades suficientes, por tanto, de presentar pruebas de su inocencia.

En todas las fases de los procesos que conducían a la pena capital se manifestaba discriminación basada en un amplio conjunto de aspectos, como el origen étnico, la religión o la pobreza.

En un gran número de países, incluidos India, Uzbekistán y Vietnam, la información sobre la pena de muerte se mantenía en secreto. En ocasiones se ocultaba información no sólo al público, sino incluso a las víctimas. Japón seguía siendo uno de los países donde no se comunicaba a los reclusos cuándo iban a ser ejecutados hasta unas horas antes de su muerte. Tan sólo cinco horas antes de ser decapitados, seis ciudadanos somalíes condenados a muerte en Arabia Saudí en abril no sabían, según informes, que iban a ser ejecutados.

En 2005 se ejecutó incluso a miembros de grupos protegidos de la pena capital por el derecho y las normas internacionales, como los menores y las personas con discapacidad mental. En Estados Unidos, donde más de 1.000 personas habían sido ejecutadas desde que se reinstauró la pena de muerte en 1977, la número 1.000 era un caso leve de discapacidad mental. En Irán, al menos ocho personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuanto tenían menos de 18 años y, como mínimo, dos eran menores de 18 años cuando fueron ahorcadas.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó el 1 de marzo de 2005 en una sentencia acogida con beneplácito que la aplicación de la pena de muerte a menores de 18 años era inconstitucional, lo que hizo posible la conmutación de la pena de más de 70 menores condenados a muerte. Sin embargo, persistió la preocupación por el hecho de que el fallo de la Corte Suprema no se aplicara a las personas recluidas en Guantánamo que eran menores cuando fueron detenidas.
 
 


La búsqueda de verdad y justicia sigue vigente

La muerte del General Alfredo Strossner debe ser un recordatorio para las autoridades Paraguayas sobre la necesidad de acelerar las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno y así mantener abierta la búsqueda de verdad y justicia, dijo hoy Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional hizo un especial llamado a las autoridades Paraguayas a proteger y hacer accesibles los archivos secretos de los organismos de seguridad del gobierno del General Stroessner -- conocidos como “archivos del terror” y descubiertos en 1992 -- y a apoyar efectivamente el trabajo de la Comisión de Verdad y Justicia.

Los archivos contienen información sobre graves abusos a los derechos humanos cometidos durante el gobierno del General Stroessner (1954-1989) en Paraguay y en el contexto del “Plan Cóndor”.

"La búsqueda de verdad y justicia de miles de personas en Paraguay y en América Latina hace imperativo que las autoridades Paraguayas protejan los 'archivos del terror' e investiguen a aquellas personas que estuvieron involucradas en los graves delitos cometidos por el gobierno del General Stroessner y continúan en libertad gozando de impunidad," dijo Virginia Shoppee, investigadora de Amnistía Internacional sobre Paraguay.

Miles de personas fueron victimas de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y exilio forzado, tanto en Paraguay como en el contexto del "Plan Cóndor" durante el gobierno del General Stroessner.


Información general
El General Alfredo Stroessner falleció el miércoles 16 de agosto en Brasilia, donde residía en exilio desde 1989. Tenía 93 años.

 
14.8.06
 

Oriente Próximo: ¡Alto el fuego!

Actualizado: 11 de agosto de 2006

El demoledor ataque contra Qana no deja lugar a dudas de que existe la necesidad acuciante de un cese inmediato, completo y efectivo de las hostilidades. Ambas partes en conflicto han mostrado un desprecio manifiesto por las leyes de la guerra y la población civil de ambos bandos está pagando el precio, puesto que abundan los crímenes de guerra.

El concepto de ‘zona de fuego libre’ es incompatible con el derecho internacional humanitario. El ataque contra Qana es sintomático del modo en que se viene librando este conflicto hasta la fecha y refleja que, o bien Israel no está adoptando las precauciones necesarias para proteger a los civiles, o bien ha lanzado intencionadamente un ataque desproporcionado contra la población civil.

Es una vergüenza absoluta que gobiernos que tienen influencia sobre Israel y sobre Hezbolá y que podrían ayudar a poner fin a la crisis sigan colocando intereses políticos y militares por encima de las vidas inocentes de civiles. Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que negocie con urgencia un cese inmediato y completo de las hostilidades y convoque una reunión de las altas partes contratantes de los Convenios de Ginebra para garantizar que ataques como el de Qana se investigan con imparcialidad e independencia y que los presuntos autores de crímenes de guerra comparecen ante un tribunal.

Investigadores de Amnistía Internacional que se encuentran actualmente de misión en Israel y en Líbano (véase Diarios de Misión a la Zona) que se dirigieron a Qana poco después del bombardeo se encontraron con equipos de rescate sacando cadáveres de niños de entre los escombros y excavando furiosamente en busca de supervivientes. En el hospital de Tiro, Mohamed Qasem Shalhoub contaba que, cuando se produjo el ataque –en el que perdió a su esposa, a su madre anciana y a cinco hijos de entre 2 y 11 años–, estaba en una habitación del sótano y 17 niños dormían junto a él, de los cuales sólo uno había sobrevivido. Otra sobreviviente, que en el ataque ha perdido a una hermana y un hermano, contó a Amnistía Internacional que ella y sus familiares llevaban 10 días escondidos en la casa y durante el día sólo salían para lavarse, y que las fuerzas israelíes debían de haber detectado su presencia en alguno de los frecuentes vuelos sobre la ciudad de sus aviones teledirigidos de vigilancia.

Más de 800 civiles, muchos de ellos menores, han muerto ya en Líbano, y centenares de miles se han visto obligados a huir de sus hogares por los ataques aéreos y las amenazas de ataque israelíes. El ejército israelí ha destruido sus casas a decenas de miles personas, y se teme que la destrucción sea masiva en los pueblos cuyos habitantes se han visto obligados a huir. Los reiterados ataques aéreos israelíes han destruido puentes, carreteras, redes eléctricas y otras infraestructuras civiles esenciales, paralizando la vida en Líbano. Las fuerzas israelíes han atacado también vehículos ocupados por familias que huían de sus hogares en el sur de Líbano y camiones que transportaban alimentos, así como ambulancias, a equipos de rescate y a observadores de la ONU.

Hasta el 7 de agosto, 37 civiles israelíes han muerto y centenares más han resultado heridos a causa de los cohetes disparados por Hezbolá desde el otro lado de la frontera.

Las partes enfrentadas han hecho oídos sordos a los llamamientos para que acaten las leyes de la guerra y protejan a la población civil. Israel está dirigiendo ataques desproporcionados y selectivos contra civiles y trabajadores humanitarios, y Hezbolá sigue lanzando cohetes contra centros de población civil israelíes. Según el derecho consuetudinario internacional, lanzar ataques desproporcionados o indiscriminados de manera intencionada o atacar deliberadamente a personas u objetivos civiles es un crimen de guerra.

Exige el fin de los crímenes de guerra a todas las partes involucradas en la crisis de Oriente Próximo


 
Ideas,pensamientos y noticias de interés.

Nombre:
Lugar: VALENCIA, VALENCIA, Spain
ARCHIVO
08/06 /


GSig